- El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acompañó al gobernador Omar Fayad al inicio de la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica
-La entidad está a un paso de contar con policías certificadas
Zapotlán de Juárez, Hgo. - En cumplimiento al acuerdo que el gobierno de Hidalgo contrajo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2019, el gobernador Omar Fayad inició la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, acompañado por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
La principal ventaja del modelo es que articulará de manera efectiva los cuerpos municipales y estatales con la Guardia Nacional, además, la Policía tendrá más proximidad social; el estado de fuerza será óptimo; se realizará un patrullaje estratégico para la prevención, entre otros elementos positivos, expuso el mandatario.
En materia de Justicia Cívica el modelo ofrece nuevos mecanismos para la mediación, “utilizar la mediación como un sistema alternativo que sea muy eficiente” en la solución de conflictos con la población, facultad que le reconoce la Ley Orgánica a los municipios, puntualizó.
Lo anterior, permite despresurizar las investigaciones en el Ministerio Público, respecto de hechos que, por su naturaleza, permiten mecanismos de conciliación municipal.
Indicó que la política de persecución penal tendrá un gran apoyo en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así ambos mecanismos contribuirán a fortalecer el sistema de justicia de Hidalgo.
El modelo nacional será implementado de manera gradual en México y de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno. Así también, indicó que Hidalgo es ejemplo de coordinación y trabajo con el gobierno de México, a fin de ofrecer a la población mejores resultados y más beneficios.
Por esta razón, invitó a las y los presidentes municipales hidalguenses a sumarse a este esfuerzo con profesionalismo, comprometiéndose a implementar el modelo homologado de Justicia Cívica, Policía de Proximidad, Policía de Investigación, Asuntos Internos y Comisiones de Honor y Justicia.
La administración de Omar Fayad se ha caracterizado por fortalecer la seguridad en el contexto municipal, citó que desde el primer año de su gobierno y bajo la estrategia Hidalgo Seguro, se han entregaron vehículos para reforzar a la policía municipal. Este año, recordó, se entregaron más de 330 vehículos de nueva generación a las instituciones de seguridad y de justicia para el patrullaje e investigación en todas las regiones de la entidad.
El C5i es otro ejemplo de fortalecimiento entre los órdenes de gobierno, un centro de coordinación con autoridades, quienes realizan operaciones conjuntas, entre las que se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y las corporaciones de Seguridad Pública municipal.
Como resultado de esa coordinación, en el C5i han atendido a más de un millón 300 mil llamadas de ciudadanos que recibieron respuesta inmediata ante una emergencia.
Destacó el trabajo permanentemente para ofrecer seguridad y paz a la población, en dichos rubros hay resultados significativos, entre ellos: se aseguraron y recuperaron 6.8 millones de litros de combustible ilegal, siete veces más que en todo el sexenio anterior; durante el primer cuatrimestre de 2021, Hidalgo fue el estado con mayor reducción en la incidencia delictiva en el país, con respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hidalgo es la sexta entidad federativa más pacífica del país, de acuerdo con el Índice de Paz 2021.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño expresó que Hidalgo está “por debajo de la tabla nacional” en materia de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
Habló de la importancia del compromiso de los alcaldes y en el fortalecimiento de la policía estatal para tener la capacidad operativa y de inteligencia que permita, en menor tiempo y con mayor claridad, conocer los posibles hechos delictivos además de resolverlos desde un compromiso común entre los niveles de gobierno y las instancias de seguridad.
