Pachuca de Soto, Hgo.- En rueda de prensa, la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) informa que derivado de una observación que se recibió de la
Federación, por un faltante de 41 millones de pesos en el ejercicio de la
Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo, se inició ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo, el día 23 de marzo del 2017, la carpeta de investigación número
12-2017-03698, la cual actualmente está muy avanzada y en próximos días debería
de estar judicializada por dicha dependencia.
Al estar aportando los elementos de prueba para dicha
investigación, al momento de ser recabados estos, en colaboración con la
Subsecretaría de Administración y
Finanzas y la Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo, ambas de la
Secretaría de Educación Pública del Hidalgo, se encontraron inconsistencias en
la organización, manejo y comprobación del ya citado programa escolar.
Por lo anterior, la secretaria de Educación Pública de Hidalgo,
Sayonara Vargas Rodríguez, en congruencia con la política de cero tolerancia a
la corrupción, fijada por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, ordenó
se realizaran las investigaciones necesarias respecto a las inconsistencias
encontradas.
Así pues, en el trabajo realizado se detectó que de noviembre del
año 2014 a enero del año 2017, se han ejercido indebidamente dentro del
programa de Escuelas de Tiempo Completo, recursos económicos aproximadamente
por la cantidad de 663 millones de pesos, lo cual derivaría en la presunta comisión de conductas
ilícitas, como peculado, cohecho, negociaciones indebidas y otras, e implicaría
la colusión de por lo menos treinta personas, entre servidores públicos y
particulares en su carácter de proveedores.
Cabe destacar que Escuelas de Tiempo Completo es un programa que
además de dar clases a las alumnas y los alumnos, les proporciona alimentación,
por lo que se requiere de la proveeduría
de todo lo relacionado con el equipamiento de las escuelas y la adquisición de
alimentos para su funcionamiento en los 664 centros educativos que forman parte
actualmente de esta estrategia educativa.
Se han detectado las siguientes formas de operación: el manejo sin
comprobación de las cuentas matrices; la expedición de cheques para el retiro
de los fondos sin que se hayan entregado los mismos a los beneficiarios; el
pago de salarios de nóminas no comprobadas; la existencia de alumnos fantasmas
en ciertas escuelas.
La entrega de adquisición de alimentos en la regiones del estado
con proveedores que reintegran diezmos o dádivas a los funcionarios públicos a
cambio de sobrefacturar o entregar alimentos de poca o nula calidad para los
alumnos; el uso de gastos de operación injustificables como gasolinas,
vehículos y viáticos; la facturación de eventos sociales sin que estos se hayan
realizado y la alteración y falsificación de documentos comprobatorios.
Todo lo anteriormente expuesto, sucedió de forma sistemática en
función de la organización de los diversos niveles y áreas que tenían que
proteger dichas actividades, tales como directores del programa, directores de
escuela, coordinadores de servicios regionales y proveedores.
Por ello derivado de lo anterior, hoy se ha iniciado la carpeta 12-2017-09838,
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, contra diversos
servidores públicos y particulares, para que dicha red de corrupción quede
completamente deshabilitada y pueda sancionarse conforme a derecho corresponda.
Cabe señalar que todo esto ha afectado el
rendimiento académico de casi 86 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria
y secundaria, que están dentro del Programa.
