Pachuca de Soto, Hgo.- Con miras a conformar la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH), la Procuraduría General de Justicia del Estado implementó políticas públicas orientadas al combate a la impunidad que genera la corrupción, así como al combate del rezago histórico de averiguaciones previas, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión.
La dependencia informó que se trabaja para que la Fiscalía se consolide como un organismo eficaz en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, con mayor capacidad de investigación, modernización e innovación en sus procesos para el control de la criminalidad, a través de la tecnología.
Durante el primer año de la presente administración, fue implementado el programa de abatimiento de rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, con el objetivo de resolver investigaciones pendientes para beneficio de las víctimas, lo que permitió la determinación de cinco mil 550 averiguaciones previas, es decir, 98 por ciento del rezago encontrado, y se resolvieron 23 mil 476 carpetas de investigación.
También se ejecutaron mil 221 órdenes (mil 68 del sistema acusatorio y 153 del sistema tradicional), lo que representa 15 por ciento más que en el periodo anterior, comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022.
De esta manera se redujo la impunidad bajo mecanismos instruidos por el gobernador Julio Menchaca Salazar y coordinados por el jefe del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo.
En el primer año de gestión gubernamental, la procuraduría puso en marcha el Programa de Conversión a Justicia Restaurativa, que ha beneficiado a las víctimas del delito proporcionando una solución ágil que a la fecha alcanza un monto de 114.2 millones de pesos, acordados como pago para la reparación del daño, mediante tres mil 905 acuerdos reparatorios (25% más que en el periodo anterior) de los cuales se han pagado más de 43.1 millones de pesos. El resto continúa en proceso de pago según las condiciones acordadas entre las partes.
Este año de gobierno, se judicializaron seis mil 368 carpetas de investigación, 79 por ciento más que en el periodo anterior; se registran dos mil 680 vinculaciones a proceso, 22 por ciento más, y 623 sentencias condenatorias; 11 por ciento más en comparación con el periodo 2021-2022.
En el combate al secuestro fueron atendidas y liberadas 11 víctimas y se detuvieron a 48 personas, por lo que se fijaron sentencias de hasta 80 años de prisión.
La PGJEH destacó que en la presente administración se desarticularon tres bandas de narcomenudeo, y se impactó en la estructura de cuatro grupos delictivos.
Respecto al apoyo a familias de personas desaparecidas, se diseñó una estrategia con base en la cooperación jurídica y operativa con instituciones nacionales, que permitieron focalizar esfuerzos para elevar las probabilidades de éxito en su localización, así como fortalecer las investigaciones correspondientes.
En el marco de esta estrategia, se atendió a 294 familias de personas desaparecidas, también en delitos cometidos en razón de género, en específico el feminicidio, se registró una tasa de efectividad de 94 por ciento en investigación y persecución de este delito, obteniendo sentencias de hasta 52 años de prisión.
Sobre delitos sexuales, la procuraduría ejecutó 236 órdenes de aprehensión. Con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se logró deshabilitar un sitio digital que albergaba información de 697 víctimas objeto de un mercado de explotación sexual digital.
En cuanto al maxiproceso de la “Estafa Siniestra”, la dependencia vinculó a proceso a seis presidentes municipales por delitos como peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, por lo que fueron separados de sus cargos.
Así mismo, en la investigación y persecución del mismo esquema instrumentado en las dependencias estatales fueron vinculados a proceso a un ex secretario estatal por el delito de peculado agravado, un ex subsecretario estatal, por el delito de peculado agravado y un ex director general.
Se obtuvieron tres órdenes de aprehensión más contra ex servidores públicos estatales (2 exsecretarios de estado y el excontralor de un organismo público descentralizado), así como tres fichas rojas de Interpol, y tres órdenes de aprehensión más contra los representantes legales de empresas fachada.
Con acciones para reducir la impunidad y erradicar la corrupción, se han recuperado 100 millones de pesos, con lo que se busca garantizar el pago de la reparación del daño al pueblo hidalguense, comunicó la PGJEH.
